María Fernanda Benítez tenía 17 años y estaba embarazada cuando fue víctima de un crimen que terminó con su vida y la de su bebé, en un hecho ocurrido en Paraguay.
El adolescente señalado como autor principal también tenía 17 años al momento de los hechos y, debido a la legislación vigente entonces, se expone a una pena máxima de ocho años.
Para la familia de María Fernanda, conocida como Mafe, esa posibilidad ha generado una profunda indignación.
En cuanto a los adultos involucrados, Mikhaella Rolón recibió una condena de 10 años por instigación al feminicidio.
Franco Acosta fue condenado a cinco años por tentativa de aborto y frustración de la persecución penal.
Ricardo Villamayor recibió tres años luego de comprobarse que ocultó la motocicleta utilizada en el crimen.
Armando Silva y Karen Villar, padres del principal sospechoso, fueron condenados a cuatro años y seis meses cada uno por simulación de hecho punible y exposición al peligro en el tránsito.
El caso también contempla acusaciones relacionadas con el ocultamiento de evidencias y acciones posteriores al crimen.
La dimensión de las condenas ha provocado fuertes cuestionamientos por parte de la familia de Mafe, que considera insuficientes las penas frente a la gravedad de lo ocurrido.
La indignación de sus padres ha quedado expuesta ante un resultado judicial que, para ellos, está muy lejos de representar una respuesta proporcional a la pérdida sufrida.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las consecuencias que puede enfrentar cada involucrado y sobre la percepción de justicia que queda después de un proceso de estas características.